El miércoles 23 de agosto, en la Biblioteca del Congreso Nacional en Valparaíso, se realizó el coloquio: “Sociedad Civil y Parlamentarios sobre la Participación Ciudadana en Chile.”

El evento fue organizado por la Academia Parlamentaria, el Centro de Extensión del Senado y el Ministerio Secretaría General de Gobierno. Las exposiciones estuvieron a cargo del Consejo Nacional de Participación Ciudadana, el cual tuvo vigencia todo el año 2016 y finalizó en febrero del presente año.

En la convocatoria participaron distintos líderes y dirigentes sociales de organizaciones de la sociedad civil, juntas de vecinos, consejos comunales, fundaciones y corporaciones, quienes expusieron sus propuestas y críticas respecto a los avances de la ley 20.500.

Cabe recordar que la ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública se promulgó en febrero del 2011. Este cuerpo legal, entre sus principales medidas, establece la participación ciudadana en la gestión pública como un principio de la administración del Estado. De este modo, el Estado reconoce a las personas el derecho de participar en sus políticas, planes, programas y acciones. Sin embargo, este marco normativo sobre participación ciudadana es visto por la sociedad civil como un instrumento legal fragmentado y débil, que no logra instalar la participación ciudadana como un derecho transversal dentro del ordenamiento jurídico chileno.

Por ello, desde las organizaciones de la sociedad civil, se propone la participación política directa como derecho y como forma de interacción necesaria desde el punto de vista del funcionamiento equilibrado de una democracia. Consagrar como mínimo el derecho de todo ciudadano y ciudadana a participar de manera directa o indirecta en la gestión de los asuntos públicos del país al que pertenece, estableciendo el derecho a la participación como un principio transversal de los derechos humanos.

SEPADE Santiago participó en su calidad de miembro activo en la Mesa de Seguimiento de la Ley 20.500, cuya principal labor ha sido en análisis y acompañamiento del proceso de la puesta en marcha de esta Ley que establece los mecanismos para la participación ciudadana en la gestión pública, a través de capacitaciones, talleres, encuentros y conversatorios y participación en el debate público.

 

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